La Comisión Europea obligará a los fabricantes a reparar los smartphone durante 5 a 10 años tras la compra
La Comisión Europea ha adoptado un nuevo conjunto de normas sobre el derecho a reparar que añadirá dispositivos electrónicos como smartphones y tablets a la lista de bienes que deben fabricarse teniendo en cuenta la posibilidad de reparación.
Las nuevas normas tendrán que ser negociadas entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de que puedan convertirse en ley. Si lo son, cambiarán mucho más que los requisitos de reparabilidad.
Los establecimientos que vendan bienes de consumo en la UE tendrán que ofrecer reparaciones gratuitas dentro de un periodo de garantía legal, a menos que resulte más barato sustituir un artículo dañado.
Además, la Directiva añade una serie de derechos para la reparación de dispositivos fuera de los periodos de garantía legal que, según la CE, ayudarán a que la reparación sea una opción mejor que simplemente desechar un producto dañado.
Según la nueva norma sobre el periodo posterior a la garantía, las empresas que fabrican bienes que la UE define como sujetos a requisitos de reparabilidad (por ejemplo, electrodomésticos, equipos informáticos comerciales y, próximamente, teléfonos y tablets) estarán obligadas a reparar tales artículos durante un periodo de cinco a diez años después de la compra si el cliente lo solicita y la reparación es posible.
Los fabricantes de equipos deben informar a los consumidores sobre los productos que están obligados a reparar, y los consumidores pueden solicitar a quien realice una reparación un nuevo formulario de información sobre reparaciones que haga más transparentes los precios y las tarifas.
La norma de reparación posterior al periodo de garantía también establece la creación de una «plataforma de búsqueda de reparadores» online para los consumidores de la UE y pide la creación de una norma europea de reparación que «ayude a los consumidores a identificar a los reparadores que se comprometen a una mayor calidad».
Además de aprobar ayer la norma sobre el derecho a reparación, la CE propuso una serie de leyes contra el «lavado verde» que ilegalizarían hacer afirmaciones ecológicas sobre un producto sin pruebas. Este podría ser otro ámbito en el que las grandes tecnológicas podrían tener problemas.
