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Hace un par de años, Apple introdujo una nueva función en iOS para los dispositivos más antiguos. Si tu batería se estaba haciendo vieja, iOS limitaba los picos de rendimiento, ya que la degradación de la batería podría hacer que el iPhone no fuera capaz de aguantar picos en la demanda de energía y, como resultado, podría apagarse abruptamente.
Si bien esta función tenía mucho sentido desde un punto de vista técnico, Apple no informó a los usuarios que el rendimiento de sus dispositivos estaba siendo limitado con este fin. Posteriormente, la compañía se disculpó e introdujo una nueva funcionalidad de software llamada «Salud de la Batería», que permite comprobar la capacidad máxima de su batería y si tu iPhone puede alcanzar el máximo rendimiento.
El problema es que, durante un tiempo, muchos usuarios pudieron haber notado que su iPhone se volvía más lento sin saber que un reemplazo de la batería arreglaría esto.
Ahora Apple ha llegado a un acuerdo para pagar hasta 500 millones de dólares para poner fin a la demanda que acusa a la compañía de reducir intencionadamente el rendimiento de los teléfonos antiguos para animar a los clientes a comprar modelos más nuevos o baterías nuevas.
Según ha informado Reuters, en virtud de este acuerdo Apple pagaría a los consumidores de Estados Unidos 25 dólares por teléfono. El coste podría variar dependiendo del número de personas que demanden, y la empresa está dispuesta a pagar al menos 310 millones de dólares en virtud de los términos del acuerdo.
Por su parte, Apple niega haber actuado de mala fe y afirma que sólo ha llegado a este acuerdo para evitar el coste y la carga asociada con la demanda.
Cualquier propietario estadounidense del iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 Plus o SE que funcionara con iOS 10.2.1 o cualquiera de los sistemas operativos posteriores está cubierto por el acuerdo. Los usuarios del iPhone 7 y 7 Plus que funcionaran con iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017 también están cubiertos por el acuerdo.
Cualquier acuerdo debe ser aprobado por el Juez de Distrito de EE.UU. Edward Dávila, quien supervisó el caso presentado en San José, California.