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Google ha respondido a un fallo reciente que concluyó que la empresa mantuvo un monopolio ilegal en la búsqueda online. Su propuesta, presentada el pasado viernes, aboga por cambios mínimos en sus prácticas actuales, a pesar de la gravedad de las acusaciones.
En agosto, el juez Amit P. Mehta determinó que Google había asegurado su dominio en las búsquedas al pagar a empresas como Apple y Samsung para que su motor de búsqueda fuera el predeterminado en navegadores y smartphones.
En respuesta, el gobierno solicitó medidas drásticas, como la venta del navegador Chrome y del sistema operativo Android, además de la prohibición de acuerdos pagos para garantizar la exclusividad de Google en dispositivos.
Sin embargo, en su propuesta, Google pide mantener los acuerdos de pagos, aunque con menos restricciones. Por ejemplo, Apple podría elegir diferentes motores de búsqueda predeterminados para sus dispositivos, y los fabricantes que utilizan Android podrían instalar otros motores de búsqueda y aplicaciones sin necesidad de incluir el buscador de Google.
Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, explicó que estas medidas buscan cumplir con las exigencias del tribunal sin comprometer la privacidad y seguridad de los usuarios ni la posición tecnológica global de Estados Unidos.
El impacto potencial del fallo
Lo que el juez decida podría remodelar no solo a Google, una empresa valorada en 2,35 billones de dólares, sino también la economía digital en general. En 2022, más de la mitad de los ingresos de Google —175 mil millones de dólares— provinieron de su negocio de búsquedas.
La resolución también podría establecer precedentes para otros casos antimonopolio que enfrentan gigantes tecnológicos como Apple, Meta, Amazon y Microsoft.
Por ejemplo, el Departamento de Justicia ha demandado a Apple por dificultar que los consumidores abandonen su ecosistema cerrado. Asimismo, la Comisión Federal de Comercio llevará a juicio a Meta en 2024 por supuestamente eliminar la competencia con la adquisición de Instagram y WhatsApp. Otros casos incluyen investigaciones sobre el dominio de Microsoft en la nube y la inteligencia artificial, y una demanda contra Amazon por prácticas monopólicas en el comercio minorista en línea.
En un caso paralelo, Google también enfrenta acusaciones de monopolio en la tecnología publicitaria, cuyo fallo se espera en las próximas semanas.
Los acuerdos bajo escrutinio
El juicio contra Google, iniciado en 2020 durante la administración Trump, expuso cómo la empresa utilizó acuerdos multimillonarios para asegurar su posición dominante. Según pruebas presentadas, en 2021 Google pagó 26.300 millones de dólares a empresas como Apple, Mozilla y Samsung para aparecer como el buscador predeterminado en sus dispositivos y navegadores.
Google defiende que estos acuerdos no violan la ley, argumentando que los usuarios prefieren su buscador porque es más efectivo que alternativas como Bing o DuckDuckGo. Sin embargo, el gobierno sostiene que estas prácticas cierran la puerta a la competencia, perjudicando a consumidores y empresas rivales.
Propuestas en debate
El gobierno ha sugerido medidas drásticas, como obligar a Google a permitir que motores de búsqueda rivales accedan a sus datos y muestren sus resultados. También plantea la posibilidad de que Google se deshaga de productos de inteligencia artificial que compitan con su buscador.
Por su parte, Google aboga por soluciones más limitadas, como permitir a fabricantes de navegadores cambiar su motor de búsqueda predeterminado cada 12 meses y aplicar las nuevas reglas por un período de tres años. El gobierno, en contraste, propone que estas medidas se mantengan durante una década.
Google también argumenta que las demandas del gobierno exceden las violaciones comprobadas durante el juicio, citando un caso de 1955 que limitó la capacidad de los tribunales para controlar completamente las operaciones de una empresa, incluso tras un fallo antimonopolio.