¿Sobornos pagados por Huawei en Europa? El escándalo que sacude al Parlamento Europeo
Huawei, el gigante tecnológico chino, se ha visto envuelto en una nueva polémica en suelo europeo. Recientes investigaciones revelaron que personas vinculadas a labores de lobbying en representación de Huawei habrían sobornado a diputados del Parlamento Europeo con el propósito de influir en decisiones políticas a favor de la empresa.
Las sospechas sobre Huawei no son nuevas. Estados Unidos previamente vetó sus productos por temor a que el gobierno chino los utilizara para espionaje. Ahora, en Europa, estos temores parecen haberse multiplicado, y varios países de la Unión Europea ya han comenzado a eliminar gradualmente los equipos de Huawei de sus redes de telecomunicaciones, aunque no sin críticas por la lentitud de este proceso.
La noticia saltó tras una investigación publicada por Follow the Money (FTM), un medio neerlandés especializado en periodismo de investigación. Según el reporte, la policía belga llevó a cabo redadas simultáneas en 21 lugares distintos, tanto en Bélgica como en Portugal. Estas acciones policiales forman parte de una extensa investigación anticorrupción, denominada «Generation».
Entre los sitios intervenidos están las oficinas centrales de Huawei en Europa, así como residencias particulares vinculadas a lobistas presuntamente relacionados con la empresa china.
La investigación, que lleva activa más de dos años, busca esclarecer acusaciones graves de corrupción. El foco principal son las denuncias de que representantes de Huawei pagaron sobornos a miembros del Parlamento Europeo (MEPs), buscando asegurar su apoyo en decisiones legislativas clave.
Las autoridades tienen en la mira al menos a 15 eurodiputados, actuales y exparlamentarios, quienes podrían haber incurrido en actividades ilícitas como soborno, falsificación documental, lavado de dinero y hasta participación en organización criminal.
Este escándalo podría traer importantes consecuencias tanto políticas como comerciales. Para Huawei, que ya lucha contra una reputación dañada en Occidente, este caso podría significar el fin definitivo de sus aspiraciones comerciales en Europa.
Para la Unión Europea, por otro lado, la investigación podría obligar a un replanteamiento de cómo maneja sus relaciones comerciales y políticas con empresas de países externos, especialmente aquellas con sospechas de vínculos gubernamentales.
Aunque el proceso judicial aún está en una etapa inicial, las redadas recientes marcan un punto de inflexión importante. Las autoridades belgas y portuguesas continuarán analizando la evidencia recabada durante estos allanamientos, con la posibilidad de que surjan más implicados a medida que avance la investigación.
Las próximas semanas serán clave para entender la magnitud real del escándalo y sus posibles repercusiones legales y políticas.
